Aunque nos pueda sorprender, no son los robos, lesiones, ni las infracciones de seguridad , los delitos que más han crecido durante los casi siete años de crisis económica que se iniciaron con el ‘pinchazo’ de la burbuja inmobiliaria, sino que han sido las ocupaciones de edificios y viviendas.
Tipificados como «usurpación» y definidos en el código penal como “utilización de inmuebles ajenos sin autorización o de forma violenta”, se han multiplicado un 168% desde 2008, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
Si en 2008 únicamente se produjeron 622 condenas por este delito contra la propiedad, en 2013 se triplicaron hasta llegar hasta las 1.669. En ese periodo, Andalucía acumuló el mayor número de resoluciones judiciales por usurpación, seguida de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, respectivamente.
Mientras que las usurpaciones han crecido 168%, las condenas por robo se han incrementado únicamente en un 16% y los delitos contra la seguridad vial o las lesiones han descendido en los últimos años, según las estadísticas del Registro Central de Penados.
Estos datos aunque sorprendentes, son reales y generan temor en los propietarios de viviendas vacías. Algo perfectamente entendible, dada la lentitud judicial a la que se ven sometidos los procesos de desahucios de viviendas ocupadas ilegalmente y los daños que estos indeseables inquilinos puedan ocasionar en propiedad ajena.
Para este problema existe una solución. Confiar el arrendamiento o venta de nuestra vivienda a los profesionales inmobiliarios, nos evitará muchos quebraderos de cabeza. En Sales & Garriga, ejercemos un exhaustivo control con las personas interesadas en acudir a su vivienda, para visitarla, lo que reduce enormemente las posibilidades de que nuestros clientes puedan tener un problema de este tipo.
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